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El Ministerio de Sanidad ha derogado una orden de 1987 que exigía pruebas de VIH a donantes de órganos, justificándolo como una modernización para eliminar redundancias con una ley más actual y completa de 2012. Aunque técnicamente la seguridad no disminuye, la medida genera un riesgo de alarma social y desconfianza por la falta de una comunicación clara que explique que los controles, en realidad, se mantienen y son más estrictos.