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El Ministerio de Sanidad ha derogado una orden de 1987 que exigía pruebas de VIH a donantes de órganos, justificándolo como una modernización para eliminar redundancias con una ley más actual y completa de 2012. Aunque técnicamente la seguridad no disminuye, la medida genera un riesgo de alarma social y desconfianza por la falta de una comunicación clara que explique que los controles, en realidad, se mantienen y son más estrictos.

La experta en Derecho Sanitario, María Esperanza Marcos Juárez, analiza los retos que la Inteligencia Artificial y las neurotecnologías plantean al sistema legal. El mayor desafío es determinar la responsabilidad legal ante errores de los algoritmos. Además, se subraya la necesidad de proteger la autonomía del paciente y del médico, y se advierte sobre los profundos riesgos para la intimidad que supone la capacidad de "leer" o "modular" la actividad cerebral, para lo que el marco legal actual podría no ser suficiente.